15 DE SEPTIMBRE 2022
Patricia Granado presidenta de la Fundación ALAVI (AGRUPADAS EN LUCHA CONTRA EL ABUSO Y LA VIOLENCIA INFANTO JUVENIL) este martes se presento junto a Gabriela Medina, en las instalaciones del tribunal N°2 en lo civil y comercial, pidiendo que intervengan en el caso de Emanuel.
Hoy nos hacemos presentes desde la fundación ALAVI para apoyar a la familia de Emanuel, que está reclamando un derecho fundamental y uno de los primeros que todos los niños, niñas y adolescentes reconocen como tal… el derecho a la educación. Desde el instituto María auxiliadora se tomó una decisión arbitraria y discriminatoria que perjudica de manera irreversible a Emanuel quien es un niño con discapacidad que asistía a la institución con su par pedagógico que fue designada por el ministerio de educación y que de un momento a otro, sin fundamento alguno prohibieron su entrada para que acompañe a Ema. Dije bien “asistía” porque desde el día que dejó de tener el acompañamiento que por ley le corresponde y que por empatía jamás debería haber Sido apartada de su función, Emanuel tuvo consecuencias muy graves y hasta llegó a escaparse dentro de la institución estando en riesgo su vida. Fueron tan ultrajantes todas las situaciones que debió tolerar, tanto él como su familia que por recomendación médica tuvo que dejar de asistir porque requiere de manera excluyente de esta figura. Pero esto también le genera tristes consecuencias desde llanto incesante hasta crisis nerviosas porque quiere entrar a su escuela, de aquella que se siente parte porque asiste desde pequeño y sobre todo porque un niño no entiende de exclusión, discriminación y malicia. Todo se soluciona con un simple acto… que vuelva su par pedagógico.
Desde que se empezaron con los reclamos correspondientes hacia el instituto María auxiliadora para la reincorporación de su par pedagógico provocó una incomodidad, entonces no solo que no se conformaron con avasallar los derechos de Emanuel sino que empezó el hostigamiento hacia su familia. Desde enviar notas a todas las familias por escrito diciéndo que Emanuel no va a la escuela porque su madre Gabriela Medina lo decidió así, difamándola y calumniándola. Es importante destacar que la hermanita de Emanuel también es alumna de la institución.
Entonces me pregunto cómo presidenta de una fundación que lucha por los derechos de las infancias y adolescencias:
¿Tiene una institución religiosa privada la facultad de pasar por alto las leyes de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes así como de las personas con discapacidad tanto a nivel nacional como provincial así como a las convenciones internacionales? La respuesta está a la vista de todos nosotros y espero que la justicia así lo determine poniendo un freno a las autoridades del María auxiliadora y protegiendo a Emanuel, para que cese esta situación y no vuelva a pasarle a ningún otro niño, niña y adolescente.
