El juez federal Lino Mirabelli dictó el procesamiento del exdiputado libertario en la causa por los US$200.000 que recibió de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La Justicia también procesó a su contador y dispuso embargos millonarios.
viernes 23 de octubre 2026.- La situación judicial del exdiputado nacional José Luis Espert se agravó luego de que la Justicia Federal de San Isidro dictara su procesamiento por presunto lavado de activos. El juez Lino Mirabelli también ordenó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y le prohibió salir del país mientras avanza la investigación.
La causa investiga una transferencia de US$200.000 recibida en 2020, vinculada a una firma relacionada con Federico “Fred” Machado, empresario argentino condenado en Estados Unidos por delitos financieros. Según la hipótesis de la acusación, el dinero habría sido justificado mediante un supuesto contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo.
La resolución también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del lavado de activos, con un embargo de $700 millones. Además, la firma familiar Varianza S.A. quedó procesada y alcanzada por un embargo de $500 millones.
La investigación por los US$200.000
De acuerdo con la investigación, el dinero ingresó a una cuenta de Espert en Estados Unidos mediante una transferencia de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada por el juez a la estructura empresarial de Machado. Para justificar esos fondos, Espert había invocado un contrato de consultoría con la minera guatemalteca Minas del Pueblo.
El magistrado consideró que existen elementos para sostener que ese contrato habría sido simulado para justificar el origen del dinero. Entre los indicios mencionados figuran inconsistencias sobre las tareas comprometidas y el recorrido de los fondos. La causa se inició en octubre de 2025, tras una denuncia presentada por Juan Grabois.
Espert, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo ante la Justicia que el pago correspondía a un contrato legítimo de asesoramiento. Había solicitado su sobreseimiento y cuestionado la investigación. El procesamiento no constituye una condena definitiva y puede ser apelado.
