Un nuevo round judicial está en puerta, porque el Gobierno provincial a través del IPRA está exigiendo un canon por la explotación de juegos de azar a la firma Status que durante este año tuvo prohibido funcionar desde el mes de marzo hasta noviembre.
Al día de la fecha este canon asciende a la suma de 40 millones de pesos por todos estos meses donde el casino no funcionó, al respecto el abogado de la firma Status, Dr. Demetrio Martinelli, habló en Radio Universidad 93.5 sobre esta exigencia y explicó “los juegos de azar son una potestad del Estado que puede explotar la actividad por sí o a través de terceros”.
“Aquí en la provincia el Estado dio la concesión de algunos juegos de azar, a través del IPRA, para que fueran explotados por privados. En el año 2006 se llamó a una licitación para la explotación de máquinas electrónicas que mi cliente ganó y como contrapartida debía pagar un canon, que es el derecho que paga el privado por el permiso de explotación que le concede el Estado”, dijo Martinelli.
Asimismo, subrayó “acá no hay una deuda, porque desde el 16 de marzo hubo una decisión del Gobierno nacional a la que adhirió el Ejecutivo provincial y se prohibió el ejercicio de la actividad. Desde esa fecha hasta el 1° de diciembre, no se ha devengado ningún canon. Si el propio Estado no deja ejercer esa actividad, no puede cobrar por eso”.
