17 DE FEBRERO 2021
En Argentina, el feminicidio de la joven Úrsula Bahillo, quien había denunciado varias veces a su expareja y fue asesinada el 8 de febrero de 15 puñaladas, expuso nuevamente las fallas en las políticas para prevenir la violencia contra las mujeres que, a pesar de los avances en los últimos años en el país, siguen siendo insuficientes para frenar los asesinatos por cuestiones de género, según reconocen cuatro expertas y fuentes oficiales consultadas por CNN que trabajan en distintos poderes del Estado.
Las especialistas coinciden en que la violencia contra las mujeres sigue enquistada en un complejo cuadro difícil de desarmar que deja en evidencia la falta de respuestas de miembros de las fuerzas policiales, de fiscales y funcionarios judiciales: el descreimiento a las denunciantes; la burocracia; la incipiente articulación entre los distintos poderes a lo largo del país; y el atraso en la capacitación de los policías y operadores judiciales se suman a un “mensaje de impunidad” que se extiende como una consigna fatal: ser violento con una mujer por ser mujer no suele tener castigo.
Las historias como la de Bahillo demuestran que hay denuncias que rebotan en las caras de las mujeres, que se archivan, que giran y giran por un pasamanos de autoridades y funcionarios, y que las sanciones y penas a los agresores muchas veces no llegan hasta que matan. El Estado, los Estados ven pasar las historias hasta que ya es tarde. La fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, dijo a CNN: “Los casos como este son cimbronazos que nos ponen en jaque”.
A este escenario, se suma la falta de presupuesto y de personal en las oficinas especializadas en violencia de género y doméstica, y la ausencia de un plan efectivo para garantizar el apoyo socioeconómico a las denunciantes y aislarlas a tiempo de sus agresores. Son algunas de las variables que destacan las especialistas y funcionarias consultadas. “Hace falta mucho presupuesto. Creo que el Estado está avanzando pero que todavía falta muchísimo”, sostiene María Delia Castañares, responsable de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
“Cuando una mujer está en un vínculo de violencia, por una cuestión de vulnerabilidad emocional, tiene dificultades para realizar una denuncia”, afirma Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, una organización no gubernamental especializada en cuestiones de género. “Se inicia un camino agotador y sabemos lo difícil que puede ser transitar el proceso judicial en el que las mujeres deben sortear muchísimos obstáculos para lograr una sentencia favorable: desde conseguir un abogado o abogada que la represente hasta ausentarse en el trabajo para cada audiencia a la que es citada”, agrega Rico.
En Argentina, sólo durante enero de este año, una mujer fue asesinada cada 24 horas por violencia sexista, según la última medición del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que dirige Rico.
Bahillo tenía 18 años y fue asesinada el 8 de febrero de al menos 15 puñaladas, según los resultados de la autopsia. El caso conmocionó a la ciudad de Rojas, una localidad de unos 19.000 habitantes en el norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 240 km de la Ciudad de Buenos Aires. El único acusado por el hecho es el policía Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, expareja de la víctima. Martínez fue indagado el viernes 12 por los supuestos delitos de “femicidio agravado por premeditación y alevosía”, confirmó a CNN el fiscal del caso, Sergio Manuel Terrón. La figura del feminicidio o femicidio se incorporó en 2012 al Código Penal de la Nación como un agravante del delito de homicidio.
Martínez se negó a declarar ante la Justicia y se encuentra detenido en la cárcel de Junín, agregó el fiscal del caso. La Defensoría General de Junín, a cargo de su defensa, declinó hacer declaraciones a CNN.
Según la madre de Bahillo, Patricia Nassutti, las denuncias de la joven contra su expareja por amenazas y golpes se extendieron durante siete meses. «Estamos muy dolidos con el juez de Paz de Rojas porque desestimó las perimetrales que tenía mi hija, que había hecho más de 18 denuncias, y él (Matías Martínez) la seguía hasta que me la manoteó, la subió al auto y la mató en un descampado», dijo Nassutti en declaraciones a los medios el miércoles 10. Los funcionarios judiciales que intervienen en el caso no han confirmado si fueron 18 denuncias, pero el fiscal Terrón reconoció seis denuncias presentadas por el caso que tramitaban en la Justicia, dijo en diálogo con CNN.
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“Recibí tres denuncias por hechos de violencia que sufrió Úrsula y ordené que le entregaran un botón antipánico. Desde mi función como juez de Paz no puedo disponer ninguna detención”, dijo el juez Luciano Callegari al diario La Nación. “En mi caso en particular intervine en tres denuncias. La primera fue presentada por la madre de Úrsula el 9 de enero”, agregó el magistrado. “Ordené una medida de restricción perimetral en la que se prohibía que el acusado se acercara a menos de 200 metros de Úrsula y la prohibición de que mantuviera contacto por otros medios. Además, dispuse que se hiciera un peritaje psicológico a la joven debido a que era mayor de edad, pero la denuncia fue radicada por su madre”, agregó.
El fiscal Terrón dijo a CNN que nunca llegó a citar o interrogar a Martínez tras la denuncia y que correspondía citar primero a Bahillo a ratificar la denuncia de su madre. “Las tareas de prevención y control son siempre policiales. Si la policía sorprende a alguien que viola un perímetro, debe aprehender a la persona y ponerla a disposición de la Justicia”, explicó el fiscal. CNN intentó en reiteradas ocasiones obtener la versión de la policía, a través del vocero del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero al cierre de este artículo no había respondido las consultas y llamados.
“Úrsula pidió ayuda y botón antipánico, que no se lo dieron. Ella hizo lo correcto. El Estado, no”, dijo Milagros Almirón, amiga de la joven asesinada, a CNN Radio. De acuerdo con oficios policiales a los que accedió la agencia de noticias Télam, el día en que la joven sería asesinada la Justicia local ordenó al municipio de Rojas vía correo electrónico que le otorgara el botón antipánico a la denunciante. Nadie abrió el e-mail durante esa jornada y el dispositivo no le fue entregado a tiempo, según los oficios policiales que cita Télam. El botón antipánico llegó cuando Bahillo ya había sido asesinada, según la agencia.
