El plazo para quienes quisieran concursar por dos cargos claves en la Cámara Federal -los que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- ya finalizó: Bertuzzi se inscribió y concursará para quedarse en su silla. Se trata de un tribunal clave, por ser el que confirma o revoca las decisiones de los jueces de primera instancia en los casos por corrupción, entre otros.
Distinto es el caso de Bruglia, que optó por no inscribirse, a sabiendas de que, eventualmente, cuando culmine el proceso de selección, deberá dejar su silla en la Cámara Federal. Ya tiene su jubilación otorgada.
Para concursar por las dos vacantes de la Sala I se inscribieron, en total, 136 jueces y fiscales. El examen que deberán rendir será el 26 de febrero.
Se anotaron para concursar por una silla en la Cámara Federal, también, los jueces federales de primera instancia Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Ramos y Julián Ercolini, los jueces en lo penal económico Diego Amarante y Pablo Yadarola, la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, y el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
Todos ellos aspirarán a cubrir las dos vacantes de la Sala I, actualmente integrada por el juez Mariano Llorens y por los dos jueces que el kirchnerismo buscó desplazar, con una disputa que terminó resolviendo la Corte Suprema.
El máximo tribunal había establecido, por mayoría, que los jueces Bertuzzi y Bruglia deberán dejar los cargos a los que fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, pero determinó que su salida no sería inmediata sino que se ejecutará una vez que se hayan realizado los nuevos concursos para ocupar sus vacantes, lo que demoraría al menos dos años.
La Sala II de la Cámara Federal, en tanto, seguirá presidida por Martín Irurzun, y ya cuenta con la presencia del juez Eduardo Farah, que regresó a ese tribunal después de que Alberto Fernández firmara el decreto que lo repuso en el cargo.
Para la tercera vacante de la Sala II, el Poder Ejecutivo ya envió al Senado el pliego de Roberto Boico, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que incluso logró el aval de los representantes de la oposición.
