12 junio 2025
Patricia Granado — Periodista y defensora de los derechos humanos
En Tolhuin, Tierra del Fuego, el acceso a la tierra sigue siendo una deuda pendiente del Estado. Cientos de familias viven en situación de extrema vulnerabilidad, alquilando, hacinadas o directamente sin un techo digno. Sin embargo, cuando se trata del círculo íntimo del poder, las prioridades parecen cambiar.
El pasado 17 de enero de 2024, el intendente Daniel Harrington firmó el Decreto E.M.T. N° 067/24, mediante el cual adjudica en venta un terreno fiscal de 300 m² con destino comercial —en 24 cuotas mensuales, sin interés— a Fabián Enrique Sandoval, DNI 26.889.193. Hasta ahí, podría parecer un procedimiento administrativo más. Pero hay un detalle imposible de pasar por alto: Sandoval no es cualquier ciudadano. Es el hermano de Vanesa Sandoval, ex pareja del intendente. Es decir, el ex cuñado.
¿Casualidad? ¿Causalidad? ¿Abuso de poder? ¿Nepotismo?
La ciudad de Tolhuin no necesita más actos administrativos teñidos de favoritismo, sino políticas públicas reales, transparentes y equitativas en materia de acceso a la tierra. Cada decisión arbitraria como esta duele. Duele porque mientras se otorgan lotes con beneficios especiales a personas vinculadas emocional o familiarmente al poder político, muchas familias siguen esperando respuestas. Familias que viven en contextos precarios, donde lo urgente no espera.
La entrega de tierras fiscales debe tener un carácter social y transparente, y no convertirse en una herramienta de premio o canje entre vínculos personales.
Como periodista, como mujer, como defensora de los derechos humanos, me resulta alarmante lo que está pasando en Tolhuin. El derecho a la tierra es un derecho humano, y cuando este se entrega de forma selectiva, excluyente y beneficiosa solo para unos pocos, se está vulnerando el principio de igualdad y justicia social.
La pregunta que nos queda hacer, como sociedad, es:
¿Estamos ante un simple trámite administrativo o frente a un nuevo caso de privilegio institucionalizado?
¿Quién audita estas decisiones? ¿Quién representa a los que no tienen voz, ni apellido, ni vínculos con el poder?
Ya no alcanza con indignarse en silencio. Hay que denunciarlo, hay que contarlo, y sobre todo: hay que impedir que esto se naturalice.
Porque mientras algunos acceden a tierras sin interés, otros siguen perdiendo el derecho a soñar con una casa propia.
