El Gobierno de Alberto Fernández se abstuvo este miércoles de votar la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que desconoce los resultados de las polémicas elecciones en Venezuela del pasado domingo.
Con 21 votos afirmativos, seis ausencias, cinco abstenciones y dos votos en contra (México y Bolivia), la OEA aprobó un enérgico rechazo a las elecciones parlamentarias encabezadas por Nicolás Maduro en Venezuela, boicoteadas por la oposición y criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.
En línea con el silencio de Alberto Fernández y del canciller Felipe Solá, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo en la votación y evitó rechazar los comicios, en los que participó menos del 30% del electorado.
El texto habló de una «elección fraudulenta», con el evidente propósito de «eliminar» la única institución legítima y democrática electa en Venezuela, en línea con lo que había denunciado horas antes el Grupo de Contacto Internacional.
Además, la resolución condena «la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluso a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, consolidando a Venezuela como una dictadura».
El proyecto de resolución fue presentado por Brasil y contó con el apoyo entre otros de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representada en el foro regional por un delegado de la oposición.
«Los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla», resalta la resolución.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, apuntado por las polémicas elecciones.
El Gobierno argentino tampoco había compartido la expresión pública del Grupo de Contacto Internacional, organismo al que curiosamente se había adherido como una vía alternativa para abordar la crisis de Venezuela al disentir por completo con el Grupo de Lima.
En este contexto, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, aseguró que hubo «presiones e intimidaciones» por parte del régimen de Nicolás Maduro a la población de Venezuela para que fuera a votar el domingo, en unas elecciones que fueron calificadas como «fraudulentas» por 16 países americanos mientras la Argentina se mantiene en silencio.
En las elecciones legislativas del domingo Maduro retomó el control de la última institución independiente en Venezuela después de que una alianza de partidos oficialistas se adjudicara el 67,6% de votos. El presidente venezolano había perdido el control del Congreso a manos de la oposición en 2015.
Qué dice la resolución
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos resuelve:
1. Rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble.
2. Condenar, en los más enérgicos términos, la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluso a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, consolidando a Venezuela como una dictadura.
3. Hacer un llamado urgente para que se garantice la protección y seguridad física de los miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente y se permita el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio.
4. Hacer un llamado para la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el cese de las continuas persecuciones políticas.
5. Manifestar solidaridad al pueblo venezolano y el firme apoyo a los persistentes y amplios esfuerzos de los actores democráticos en Venezuela, en particular los partidos políticos y la sociedad civil, hacia la restauración de la democracia en el país.
6. Reiterar el llamado a que se convoquen, lo más pronto posible, elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y legítimas, con observación electoral internacional independiente y creíble, como parte de un proceso de transición que conduzca al nombramiento de un Gobierno elegido democráticamente y de acuerdo con la voluntad del pueblo venezolano y con la constitución venezolana.
7. Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los observadores permanentes de la Organización de los Estados Americanos a que apoyen al pueblo venezolano en sus esfuerzos para restaurar el orden democrático en Venezuela, mediante la adopción de medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras dirigidas a lograr una solución pacífica a la situación en Venezuela.
8. Exigir el acceso pleno a la comunidad internacional para permitir la prestación de asistencia a las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis en Venezuela, de conformidad con los principios humanitarios reconocidos y el derecho internacional.
